La organización no gubernamental Espacio Público presentó su Informe Anual 2022 sobre la situación de la Libertad de Expresión en Venezuela, donde se evidencia la persistencia de las violaciones a este derecho fundamental por parte del Estado venezolano.
Según el informe, durante el año 2022 se registraron 464 denuncias de violaciones a la Libertad de Expresión en el país, una cifra similar a la del año 2021 (471 denuncias). Entre las violaciones documentadas se encuentran detenciones arbitrarias, hostigamientos, intimidaciones, amenazas, censura, fallas eléctricas y bloqueos en internet.
El informe aborda tres objetivos específicos: documentar las violaciones concernientes a la obligación de respeto al derecho a la Libertad de Expresión por parte del Estado; analizar las políticas empleadas por el Estado para determinar el cumplimiento de la obligación de garantía del derecho a la Libertad de Expresión; y evaluar los procedimientos para el cumplimiento de la obligación de promoción del derecho en cuestión.
Para ello, se realizó un estudio de resultados a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, basados en obligaciones generales de los Estados en materia de derechos humanos. Asimismo, se hizo un análisis de criterios y jurisprudencia internacionales emanados del sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos.
Entre los hallazgos más relevantes del informe se destacan:
– Se documentaron 12 incidencias entre retenciones arbitrarias y asesinatos tanto a periodistas como a particulares en el ejercicio de difusión y acceso libre a la información, entre los cuales destaca el asesinato de un periodista.
– Se calculó un total de 97 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones contra civiles y trabajadores de prensa, los cuales consistieron en amenazas en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos y material de trabajo, intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, morales y psicológicas, entre otros.
– Se contabilizó un total de 89 casos de censura dirigidos hacia canales de TV y estaciones de radio, donde más del 90% fueron censurados por medio de sanciones administrativas a estaciones de radio. Asimismo, durante el 2022 se ejecutó forzosamente la entrega de la sede de El Nacional como consecuencia de una sanción desproporcionada por parte de un tribunal civil que dictó sentencia en 2021.
– Se documentaron 11 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales.
Concluyen que el Estado venezolano incumple con sus obligaciones internacionales en materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, al restringir arbitrariamente este derecho fundamental mediante acciones que vulneran el principio democrático y los derechos humanos.
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