Para el Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, Licenciado James Ramos Ariza, es necesario promulgar una Ley de Remisión, que permita generar confianza en el empresariado venezolano y evite sanciones, una vez culminada la situación de emergencia que vive el país, a raíz de la pandemia. Señala «Con esta Ley podríamos obtener beneficios todos los sectores afectados, disminuiría el cierre de empresas, por los costos asumidos sin actividad, se generaria confianza en los empresarios, se evitaria la perjudicial migración a la informalidad, disminuirían los procesos de evasión fiscal.
Desde el gremio de Contadores Públicos, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Poder Legislativo, a las distintas Administraciones Tributarias y a las Cámaras Municipales, con base en el articulo 53 del Código Orgánico Tributario, se promulgue una Ley de Remisión Tributaria que permita generar los simientes necesarios para la puesta en marcha de la economía.
Desde nuestro gremio, queremos solicitar esta Ley de Remisión Tributaria en la cual exista un proceso de dispensa de multas e intereses moratorios a los contribuyentes, a partir del momento que efectivamente las empresas reinicien la operatividad. Lo importante es que la Ley nazca y pueda tener un lapso prudencial, para que los contribuyentes realicen todos los pagos pendientes, una vez culminado el estado de alarma».
Según James Ramos, el sector empresarial atraviesa una paralización dentro de un entorno económico adverso. «El gobierno, de manera inconsulta, dividió los sectores de trabajo en Esenciales y no Esenciales, estos últimos tienen un alto riesgo de desaparecer. El gobierno no termina de entender las estructuras de costos del sector empresarial, evidenciándose en días pasados, con el anuncio del decreto de alarma, en el cual informaba que asumiría el pago de bs. 400.000 por trabajador, correspondiente a la nómina de las pequeñas y medianas empresas e industrias, desconociendo que el costo real de un trabajador que gana salario minimo, está por el orden de los 998.500 bs”.
Para el Presidente del CCPEZ: “El gobierno desconoce y busca ignorar los costos totales que genera a cada empresa sostener a un trabajador, algunos de estos costos están relacionados con las vacaciones, prestaciones sociales, utilidades, régimen de vivienda y hábitat, seguro social, entre otros. Tenemos que resaltar que un número importante de empresas, bajo el escenario económico actual no paga salario mínimo, el sector empresarial tiene la necesidad de mantenerse activo en el mercado para lo cual es apremiante retener a sus trabajadores, bajo esta situación el empresario ha tenido que crear una serie de beneficios especiales, como: servicios o bonos de transporte, bolsas de comida, bonos en moneda extranjera; situación desconocida por el Gobierno y en la cual un número importante del sector privado está apostando a la recuperación y puesta en marcha de la económia venezolana».
Según el representante del gremio de Contadores Públicos, en la región hay situaciones que se están presentando que carecen de normalidad : “El estado de Alarma no exime a las empresas de sus compromisos, éstos a su vez generan obligaciones de retener y enterar en materia de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuestos a las Actividades Económicas y otras parafiscales. Lo grave es que las empresas no pueden laborar y han tenido que buscar mecanismos para cumplir con estas obligaciones, ya que de lo contrario, pueden ser objeto de sanciones, y es allí donde intervenimos los Contadores Públicos.
Ejercer en este estado de Alarma nuestra profesión, ha sido muy cuesta arriba; ni el Seniat, ni las distintas alcaldías del estado Zulia, han suspendido sus procesos de recaudación, desconociendo la deficiencia de los servicios públicos básicos, carencia o inexistente transporte público, en algunos entes los Portales Fiscales o páginas no funcionan, interrupciones del servicio eléctrico, carencia de servicio de agua y gas, a este panorama se agrega que el profesional de la Contaduría Pública no fue incluido en el otorgamiento de combustible, adicionalmente las grandes limitaciones que presentan en las instituciones bancarias, no se entiende este deseo grotesco de obtener los recursos, sin entender cómo es el mecanismo para que el Contador Público pueda realizar todos estos procedimientos, este ecosistema ha originado un caos dentro de muchas empresas que están en peligro de ser sancionadas, las distintas Administraciones Tributarias, Nacionales y Municipales, en algunas actuaciones ha intentado desconocer lo establecido en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario, el cual establece: «Son eximentes de la responsabilidad por ilicítos tributarios: los casos fortuitos y la fuerza mayor».
Tenemos que buscar estímulos para que las empresas se mantengan y no cierren sus puertas, las organizaciones tendrán que asumir costos adicionales, por ejemplo, tendrán que realizar exámenes médicos ocupacionales post cuarentena, Además de adecuar plataformas tecnológicas, el Gobierno debe entender que es necesario la creación de políticas que incentiven el sector empresarial, para que no desaparezca, ni por el Covid 19, ni por la voracidad fiscal del Estado, ni muchoi menos ir generando una economía cada vez más informal», propuso el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia.