El británico Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, con más de 25 años de trayectoria en materia de derechos humanos por conflictos internacionales, es reconocido por su temple, inteligencia y ganas de hacer valer la justicia. “Litiga sus causas de forma tan intensa como honorable”, se lee en un resumen sobre su capacidad profesional.
Maestro estratega, aguerrido, analítico, inteligente. En el Chambers and Partners Legal Directory la figura de Karim Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional presenta rasgos profesionales que lo muestran como un funcionario recto y frontal, con una amplísima experiencia en la gestión de asuntos complejos, como son los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Su capacidad para encarar y resumir los análisis jurídicos más complicados en términos tan concisos como potentes se ha hecho legendaria. Es un letrado muy valorado, al que hay que tener en cuenta. Litiga sus causas de forma tan intensa como honorable”, se lee, en este resumen sobre el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
Y este es precisamente el hombre que adelanta investigaciones producto de innumerables denuncias por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro y varios jerarcas de su administración.
Una figura que el régimen ha tratado, desde su acostumbrada confrontación de micrófono, de coaccionar para detener el proceso e incluso han advertido que, de continuar, el diálogo con la oposición para aperturas democráticas estaría liquidado.
Pero nada cambia. Karim Khan continúa con su firme protocolo legal.
Fue el 16 de junio de 2021, cuando Khan, nacido en Londres en 1970, reemplazó en el cargo a Fatou Bensouda, quien ocupó el puesto durante 9 años. Heredó la investigación de casos como Afganistán, Bolivia, Colombia, Filipinas, Guinea, Palestina y Venezuela.
“Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la CPI de manera honesta, fiel, imparcial y consciente (…) en siglo XXI se siguen cometiendo crímenes medievales y el Tribunal representa una promesa de futuro”, expresó, según reseñó El País.
Precisamente los fiscales anteriores habían recibido críticas abiertas desde diferentes grupos y ONGs como Amnistía Internacional, que afirmaba que los fiscales de la CPI no habían mostrado eficiencia en la ejecución de la justicia dado que eran fácilmente influenciables por gobiernos poderosos. La historia parece haber cambiado con Khan.
Hoy, tras visitar Venezuela en 2021, reunirse en Miraflores con Nicolás Maduro y gestionar la apertura de una oficina de esta instancia en el país, se muestra como estandarte humano de la justicia mundial al afirmar que el mandatario venezolano lideró un plan sistemático contra los opositores: “Fueron sometidos a abusos sexuales, palizas y descargas eléctricas”.
Luego, rebatió los argumentos jurídicos que pretendían que la CPI desestimara las investigaciones. “Se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”, aseguró.
Rafael Narváez, exparlamentario abogado y defensor de los derechos civiles, dejó claro en reciente entrevista con Contrapunto que “el Estado venezolano siempre subestimó lo que establece el estatuto de Roma, las competencias de la CPI y la trayectoria del fiscal Karim Khan”, y más con los formularios consignados por 8.900 víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradante.
Los peores criminales del planeta
“Está acostumbrado a lidiar con algunos de los peores criminales del planeta”, se lee en un editorial del diario ABC de España.
En su retrato íntimo profesional destaca que suma más de un cuarto de siglo de experiencia en el campo del derecho penal internacional y los derechos humanos, unas veces como acusador y otras como abogado defensor.
“Antes de ser nombrado para el puesto actual, ya había ejercido en casos ante la CPI, así como ante los tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia, las cámaras extraordinarias en Camboya y los tribunales especiales para el Líbano y Sierra Leona. Ha representado a víctimas de crímenes de lesa humanidad en África y Asia, pero también al expresidente de Liberia Charles Taylor, que sería condenado en 2013 a 50 años de cárcel por crímenes de guerra y lesa humanidad”, se documenta.
Su último desempeño antes de acceder a la Fiscalía de La Haya fue, entre 2018 y 2021, fue como subsecretario general de la ONU y jefe del equipo de Naciones Unidas para investigar los crímenes de Daesh en Irak.
Imani Richadi, corresponsal de EFE y especialista en conflictos, lo describe de la siguiente manera: “Lleva la mitad de sus 50 años apostando por garantizar un juicio justo a sus clientes sin importar si son víctimas o acusados”.
Y detalla que, durante su carrera, Khan ha tenido que representar a clientes de los más polémicos, con defensas de éxito, como la absolución en segunda instancia del exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, condenado primero a 18 años por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana en 2002.
Lo califica como carismático, diplomático, con un don para la comunicación y convencido del poder de los tribunales.
¿Visión prejuiciada?
A principios de abril pasado, en una nota de la Cancillería General de la República, el gobierno de Maduro acusó a Khan de mostrar un juicio de valor anticipado contra Venezuela al desestimar los alegatos presentados por el gobierno en la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017 en las que murieron 120 personas.
Khan “da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”, señaló. Desde entonces, personeros del régimen lo satanizan en su discurso.
Pero la posición del abogado británico es frontal. La Corte de La Haya recibió 1.875 solicitudes que representan a 8.900 víctimas, a 630 familias afectadas y a 2 organizaciones. Todas las solicitudes estaban a favor de que la CPI siga investigando el caso venezolano.
Según la ONG Acceso a la Justicia, este número de participación solo es superado por la investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra ocurridos en Afganistán, donde están involucrados los grupos armados del talibán y las fuerzas militares de EE UU. La VPRS en el país persa recopiló los testimonios de 11.150 víctimas y 130 familias, todas representadas por 16 instituciones.
“Su única preocupación es Venezuela, solo para perseguir a Venezuela. Por honor, él debería inhibirse de presentar cualquier acusación contra Venezuela porque él tiene una predisposición contra nuestro país”, declaró Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando, hace una semana.
Lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro muestra nerviosismo. Una muestra de su rigor y posición frente a la violación de los derechos humanos desde las más altas esferas del poder ocurrió el 16 de marzo pasado.
Ese día, la Corte Penal Internacional emitió dos órdenes de arresto, una en contra del presidente Vladimir Putin y la otra en contra de la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova- Belova, acusándolos de crímenes de guerra, en particular por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Khan desafía a un poderoso aliado con sólida documentación.
“Aquellos que creen que pueden cometer un crimen durante el día y dormir bien por la noche, quizá deberían mirar a la historia”, dijo sobre esta solicitud.
Y se refirió a tres casos emblemáticos que lo invitan a mantenerse firme en sus convicciones: El expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, hallado muerto en su celda en La Haya el 11 de marzo de 2006, antes de que pudiera concluir su juicio; Charles Taylor, sangriento expresidente de Liberia, quien recibió una condena de 50 años de prisión en un tribunal de crímenes de guerra de La Haya respaldado por la ONU; y el empresario Félicien Kabuga, acusado en 1998 por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por genocidio, finalmente detenido en 2020 en París.
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